lunes, 8 de junio de 2015

Dos hombres de derechas en la Segunda República (XV)

El Gobierno Lerroux VI y su gran revelación



Aunque no por méritos propios, el sexto gobierno de Alejandro Lerroux fue un poco más longevo que los anteriores que había presidido. Ello no lo convirtió en un gabinete más coordinado ni eficiente.
Los cinco ministros cedistas solían reunirse en un “gabinete aparte” para conciliar sus posturas de caras a los consejos de ministros, donde su cohesión frente a los radicales era el principal apoyo de su intransigencia –Gil Robles omite esta estrategia en sus memorias.
Para Lerroux, la concepción de la república se asemejaba a una monarquía sin rey. Un cambiarlo todo para no cambiar nada, respecto al régimen de 1876. No sentía ni la necesidad de disimular su comodidad por salir y entrar de sus breves gobiernos. Siempre vivió la acción de gobierno como una actitud decorativa, una pose frente a la calle, similar a la que adoptaba en sus mítines frente a los obreros, sólo que desde una tribuna parlamentaria. De ahí que sus gabinetes anduvieran siempre los caminos de las circunstancias, sin tratar jamás de trazar una senda propia.

Don Joaquín Chapaprieta, minsitro de Hacienda del gobierno Lerroux VI.

Gil Robles sí tenía un plan: avanzar hacia el coorporativismo católico que Dollfuss había implantado en Austria. Pero no dejaba de ver frustradas sus aspiraciones. Había derribado a todos los gobiernos desde 1933, pero eso era insuficiente; necesitaba tratar de operar desde uno para lograr algo.
Sin embargo, ni el líder radical ni el líder cedista aportaron nada al gobierno Lerroux VI. Su gran revelación fue el hombrecillo de salud frágil al que se había entregado la cartera de Hacienda: Chapaprieta.
Desde los años de Alfonso XIII, el político levantino había tenido claro qué España necesitaba una serie de reformas que acabasen con las estructuras clientelistas del poder, la corrupción endémica y el enchufismo que parecían traspasarse de régimen a régimen. Extraordinariamente humilde, tenemos que remitirnos a No fue posible la paz, en vez de a sus propias memorias, para encontrar descripciones de sus éxitos.

A Alejandro Lerroux siempre se le dio mejor el mitin que el gobierno.

Pocos días después del 6 de mayo de 1935, cuando tomó posesión el nuevo gobierno, Alcalá Zamora preguntó, en unos de los consejos que presidía en Palacio, si para final de año podría haber un presupuesto. La grave inestabilidad política había imposibilitado actualizar las cuentas públicas desde 1932. Para sorpresa de todos, el ministro de Hacienda les comunicó que en pocas semanas tendría preparado el nuevo presupuesto. Ni en el gobierno ni en el parlamento, nadie le tomó en serio.
Las burlas que sufrió en 1922 al asumir la cartera de trabajo, se repitieron en 1935 al ocupar Hacienda, en gacetillas, diarios y hasta en los corrillos del Congreso. Aquel hombre frágil parecía poco indicado para la tarea. Leal a su carácter, Chapaprieta nunca prestó oídos a las dudas infundadas sobre su persona. Tampoco se preocupó de rebatir una a una las críticas del debate político. Se limitó a trabajar infatigablemente durante varias semanas.

Gil Robles, ministro de la Guerra.

A lo largo de su trayectoria política, laboral y humana, Chapaprieta siempre confió mucho más en la dedicación que en el talento su “jornada en el Ministerio, apenas se interrumpía desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche, para terminar siempre cenando con alguno de sus colaboradores” (GIL ROBLES. 1968: 281). Por otro lado, su salud quebradiza exteriorizada en su lesión de columna que le había causado un aspecto ligeramente jorobado había constituido un obstáculo para granjearse el respeto ajeno, especialmente en la vida pública. Aquel desprecio no eran nada nuevo para él.
Tal vez por eso, el 29 de junio, ante el asombro general, se cumplían sus previsiones: las Cortes aprobaban los presupuestos de 1935, entre grandes aplausos y no sólo con los votos de la derecha. Muchos, entre ellos Augusto Barcia, miembros de la Acción Republicana de Azaña, se acercaron a felicitarle al banco azul, donde el hombrecillo sonreía satisfecho del resultado.

Imagen del Congreso durante la Segunda República.

Aquellos fueron los últimos presupuestos de la república y un sólido intento de impulsar la economía nacional por medio de políticas keinesianas, invirtiendo desde el Estado en infraestructuras clave. “Para obras públicas e hidráulicas, para creación de nuevas riquezas, para defensa nacional y para obreros, para todo eso, no solamente no haré economías sino que pondré a disposición de los ministros todo lo que necesiten. Lo vamos a ahorrar de los abusos, de los enchufes, de las inmoralidades” (Gil Robles. 1968:280).
No contento con esto, en menos de un mes, el 26 de julio consiguió sacar adelante la Ley de Restricciones, con la que pretendía iniciar un saneamiento exhaustivo de la administración. Entre otras medidas, consecuencia de esta ley fueron la moderación de altos salarios de cargos públicos, para subir la nómina a los funcionarios menores, suprimir dietas, despedir al personal público que hubiese abusado de su cargo para obtener réditos ilegales, unificar departamentos ministeriales, y suprimir en más de 300 el número de coches oficiales. Hay que decir que estas medidas siguen de bastante actualidad en el tercer milenio.
En sus memorias, Gil Robles habla de este pack económico como un mérito colectivo del gabinete. Nada parece justificar ese sentimiento de orgullo. Precisamente él se sientió agraviado al ver el presupuesto de su ministerio de guerra reducido a favor de de Obras Públicas e Instrucción Pública (educación). Las prioridades del ministro de Hacienda truncaron su deseo de renovar los uniformes de todo el estamento castrense, importar armas nuevas y abrir laboratorios para investigación de las primeras armas químicas.

Colonias españolas contemporáneas.

Otro punto importante de su gestión como ministro de Hacienda fue tratar de poner orden en las cuentas de las colonias. Aunque el antiguo imperio se había reducido al Sahara, el norte de Marruecos y Guinea Ecuatorial, lo cierto es que los desmanes en las cuentas de aquellos lugares parecían no tener fin.
Por desgracia, el resto del gabinete no pareció inspirarse en el metódico proceder del señor Chapaprieta. Las luchas internas entre cedistas y radicales se encarnizaban en su agresividad, azuzados el señor Portela que actúo como catalizador de la cizaña, se supone que inducido por el Presidente de la República. Lejos servir de distensión, las vacaciones del verano incrementaron la tensión, pues los distintos miembros del gobierno y sus partidos se lanzaron ataques desde diversidad de actos públicos.

Portela Valladares, ministro de gobernación (interior).

Así las cosas, el 20 de septiembre se celebró un consejo de ministros extraordinario. Una vez concluido, Lerroux fue a palacio para presentar la dimisión en pleno de todo el gabinete. Aquella sería la última vez que recibiría el encargo de formar gobierno. Para un hombre que en 1931 se pavoneaba, parafraseando al conde Romanones, de que “no moriría sin presidir un gobierno”, en ninguna de las seis ocasiones en que lo hizo puedo aportar a España, ya no una visión constructiva de Estado, sino un mínimo de estabilidad



Bibliografía Consultada

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TORRES DEL MORA, Antonio. Estado de derecho y democracia de partidos. Universitatis. Madrid.             2012.

miércoles, 3 de junio de 2015

Dos Hombres de Derechas y la Segunda República (XIV)

El Nuevo Gobierno y las propuestas del Presidente


Acontecida la enésima crisis de gobierno del bienio negro, el Presidente de la República abrió nuevas consultas. Ante la negativa del Jefe del Estado a disolver las Cortes, la única opción posible pasaba por rehacer la coalición entre el partido radical y la CEDA. Eso no iba a ser fácil.
Gil Robles supeditó la participación de su partido a un mayor número de carteras, que al final resultaron cinco. Además exigió para sí la cartera de guerra. Aunque en No fue posible la paz escribe haberla pedido simplemente por su relevancia, a nadie escapa que en los siete meses que estuvo en ese ministerio, Franco fue nombrado jefe de Estado mayor, ni que otros golpistas del 18 de julio como Mola y Goded recibieron importantes ascensos. Diga lo que diga el líder cedista, en sus memorias, parece claro que el famoso golpe de 1936 se fraguó mientras él era ministro.

Joaquín Chapaprieta.

Por lo que respecta a Chapaprieta, también fue llamado a palacio en su condición de líder de la minoría de diputados independientes de centro derecha. Poco después de salir de la cámara presidencial, recibió la llamada del señor Alba, el presidente de las Cortes. Le pedía una reunión en su despacho.
Antiguo miembro del partido liberal bajo la monarquía, Alba se había afiliado al partido de Lerroux pocas semanas antes de las elecciones de 1933. En la breve entrevista, le transmitió a Chapaprieta el deseo del líder radical de que entrase en el gobierno como ministro de Hacienda. Si bien, Lerroux condicionaba su oferta a que no lo hiciera como diputado independiente, sino como miembro del grupo radical.

Efigie de Lerroux en un sello.

Para su sorpresa, Chapaprieta se negó. Si entraba así en el gobierno, parecería “y con razón” (CHAPAPRIETA. 1971:162) que sólo se habría hecho radical por interés personal. Tampoco quería ser desleal con la CEDA que le había permitido llegar a ser diputado independiente poniéndolo a la cabeza de su lista por Alicante, sin exigirle nada.
Horas más tarde, recibió la vista de un agradecido Gil Robles quien le comunicó su deseo de que entrara en el gobierno como independiente. A partir de ahí el líder cedista presionó a Lerroux para que aceptase la entrada de Chapaprieta en la gabinete. En este tira y afloja encontró un inusual aliado: el propio Alcalá Zamora. Obsesionado con que hubiera ministros leales a él, ya había impuesto a Lerroux la presencia de Portela y a un liberal demócrata, partido del que era cofundador. Un independiente, como Chapaprieta, elucubró que le sería fiel.

Gil Robles, ministro de la guerra, con el general Franco su Jefe de Estado Mayor.

Por fin, el 6 de mayo de 1935 tomó posesión el nuevo gobierno de coalición radical cedista, el gobierno Lerroux VI. Su composición fue: Presidencia, Lerroux (radical); Estado, Juan José Rocha (radical); Justicia, Cándido Casanueva (CEDA); Guerra, José María Gil Robles (CEDA); Marina, Antonio Royo Villanova (agrario); Hacienda, Joaquín Chapaprieta (independiente, centro derecha); Gobernación, Manuel Portela Valladares (independiente); Instrucción Pública, Joaquín Dualde (liberal demócrata); Obras Públicas, Manuel Marraco (radical); Trabajo, Federico Salmón (CEDA); Agricultura, Nicasio Velayos (agrario); Industria y Comercio, Rafael Aizpún (CEDA); Comunicaciones, Luis Lucía (CEDA). España volvía a tener gobierno, esta vez con las Cortes abiertas.
Pocos días después, siguiendo lo que se había convertido en una costumbre, Alcalá Zamora convocó un consejo de ministros presidido por él en palacio. En uno de sus farragosos soliloquios, les expuso a los ministros su parecer sobre la situación política y social. A su modo de entender, el gobierno tenía las siguientes prioridades:
a)   Volver a poner en marcha las Cortes. La actividad legislativa estaba paralizada por los continuos cambios de gobierno y los hechos de octubre, desde septiembre de 1933.
b)      Estabilizar la situación económica de la Administración.
c)      Elaborar una nueva ley electoral.
d)      Reformar la constitución. Las modificaciones debían pivotar entorno a dos ejes:
a.       Crear un Senado
b.      Solventar la cuestión religiosa

Escudo Presidencial de Niceto Alcalá Zamora.

De entre estos objetivos, los dos primeros parecen muy lógicos. En cuanto al tercero, las derechas y el centro temían, desde hacía tiempo, una derrota electoral, cuando se disolviera el parlamento, golpe que pretendían amortiguar modificando la ley electoral de 1933. La propuesta era cambiar de un sistema de mayorías a un sistema de representación proporcional, como el que recientemente había adoptado Bélgica. Pero al final no se llegó a nada, porque radicales y cedistas, aunque estaban de acuerdo en la idea general, no querían ceder en los tecnicismos que podían favorecer a unos u otros en los comicios.
Más extraña resulta la petición de reformar la constitución. Con un país arruinado y un régimen que apenas había vivido cuatro años ¿por qué era aquello una prioridad para el Presidente? Pues bien, vamos a tratar de desentrañar el misterio.
El procedimiento de reforma constitucional se regulaba en el art. 125, el último de la carta magna, donde se establecía que durante los primeros cuatro años de su vigencia, la constitución sólo se podría reformar por mayoría de dos tercios de los diputados. Después bastaría la mayoría absoluta. Al estar en 1935, prima fice, ya se podrían introducir reformas en la Ley Suprema por el último mecanismo.

Quema de un convento jesuita en Madrid (1931). El anticlericalismo radical causó estragos durante la Segunda República.

Como profundo católico, el Presidente de la República se manifestó en el debate constitucional partidario de mantener la confesionalidad del Estado, dentro de un régimen de tolerancia con otras religiones, similar fijado por Cánovas en la constitución de 1876. La CEDA se avenía a este proyecto, pero los radicales se mostraban más partidarios de la laicidad, sin perjuicio de mejorar las relaciones con la Santa Sede mediante un nuevo concordato.
En cuanto al senado, en sus Memorias, Alcalá Zamora realiza la delirante afirmación de que con una cámara alta (y sin su destitución) se habrían evitado la guerra civil. Semejante “tesis”, compartida por algunos derechistas entre ellos Gil Robles carece de sentido. Lo que se planteaba desde esos postulados era la posibilidad de crear un senado con unos sistemas de elección tales que garantizaran una permanente mayoría conservadora en aquella cámara. De ese modo, siempre que el sistema bicameral fuera perfecto, es decir, con iguales competencias para ambas cámaras, se podría paralizar un congreso dominado por las izquierdas.

El proyecto de constitución de la Primera República sí preveía un sistema bicameral con senado.

¿Pero qué buscaba realmente el Presidente de la República al pedir a su gobierno que impulsar esta reforma en un momento en mil asuntos más urgentes acuciaban al país? Pues bien, desde principios de año, Alcalá Zamora veía claro que las Cortes surgidas de 1933 no iban a ninguna parte, pero se negaba a disolverlas por temor a que las siguientes lo destituyeran aplicando el art. 81 de la constitución.
Ahora bien, si las Cortes emprendían una reforma constitucional, tanto si esta se aprobaba como si fracasaba en la votación, la constitución ordenaba la autodisolución de las Cortes sin intervención del Presidente. Por este tortuoso camino ambicionaba el jefe del Estado procurarse un nuevo parlamento sin riesgo a verse despojado de su cargo, aunque fuera a costa de la integridad de la ley fundamental de la Nación.

Edición de lujo de las Constitución de 1931 con la efigie de Besterio, Presidente de las Cortes Constituyentes.

Para su desgracia, ni Lerroux ni Gil Robles mordieron el anzuelo. Se abrieron algunas subcomisiones en el Congreso para discutir el tema, pero nunca llegó a materializarse proyecto de reforma constitucional alguno.



Bibliografía Consultada

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lunes, 1 de junio de 2015

Dos Hombres de Derechas y la Segunda República (XIII)

El Gobierno Doméstico de Lerroux


La ruptura de la coalición entre la cedistas y radicales el 29 de marzo de 1935 abrió un problemático escenario para el que únicamente había dos soluciones: disolver las Cortes o acceder a las exigencias de Gil Robles que condicionó un nuevo pacto con los radicales a obtener un mayor número de carteras ministeriales.
El Presidente de la República veía con desagrado ambos planes. Una entrega de más poder ejecutivo a la CEDA implicaba dar las llaves de la república a unos enemigos del régimen. En cuanto a la llamada a elecciones, le suponía un problema personal, pues el art. 81 in fine de la constitución establecía que si el Presidente disolvía dos veces las Cortes durante su mandato, el Parlamento nacido de la segunda disolución debía aprobar su decisión por mayoría absoluta. En caso de no hacerlo, el Presidente quedaba automáticamente destituido, posibilidad que lo aterraba.

A principios de 1935, las esperanzas puestas en la república por la gente empezaban a decaer.

El 30 de marzo empezaron a ser llamados a palacio diferentes líderes de las mayorías parlamentarias. Entre los partidos de derechas, tanto Gil Robles, como Velasco, Cambó, Maura y el propio Lerroux se manifestaron contrarios a disolver las Cortes, pese a que ninguno de ellos supo exponer cómo rehacer la coalición de gobierno.
Por vez primera fue también llamado a la cámara presidencial Joaquín Chapaprieta. Según sus propias palabras, desde el inicio de la legislatura, había limitado su actividad parlamentaria a lo exclusivamente económico. Pero pocas semanas antes de la última crisis, la decena de diputados independientes de centro derecha que había en la cámara conformaron un grupo minoritario propio, para facilitarse la participación en los debates, y lo escogieron portavoz. En tal condición fue llamado por Alcalá Zamora.

Los líderes políticos eran llamados al interior del Palacio de Oriente, sede la Presidencia de la Nación.

Chaparieta provenía de la restauración. En aquel régimen hubo dos clases de políticos, y no precisamente liberales y conservadores; sino la mayoría, los oportunistas que medraron en política mediante las corruptelas, frente a un puñado de hombres que trataron de ayudar a su país desde el poder. Estos hombres se caracterizaron por ser ideológicamente asépticos, defensores de las medidas técnicas y la transigencia. Dentro de este corriente estaba nuestro hombrecillo.
El día 1 de abril, Lerroux salió de palacio con el encargo de formar gobierno, pero la CEDA se opuso, así que en pocas horas declinó el encargo. Pasó el turno a Velasco, el líder del partido agrario, que salió de Palacio dispuesto a cumplir con su cometido. Entre otros, se entrevistó con Chapaprieta al que, para su sorpresa, ofreció el ministerio de Hacienda. Sin embargo, ante la oposición de Gil Robles, Velasco también rechazó la invitación para formar gobierno.

José Martínez de Velasco, líder del partido agrario.

Tras tan largas e infructuosas consultas, el Presidente de la República optó por un apaño temporal, breve y bastante absurdo: el denominado “gobierno doméstico”. Encargó a Lerroux formar un gobierno a base de radicales, independientes y técnicos, excluyendo a la CEDA. Haciendo uso de otra facultad que se le confería al jefe del Estado para con el Congreso, sancionó el decreto de suspensión. La constitución de 1931, precisamente en el art.81, permitía al jefe del Estado suspender las secesiones de las Cortes durante algún tiempo, si lo estimaba conveniente. Así el Presidente quiso evitar el enfrentamiento entre los legisladores y el nuevo gabinete, prolongando su vida artificialmente.
Como solución para salvar al gobierno de un congreso hostil, fue de hacerse trampas al solitario, porque a diferencia de lo que ocurría en otros países como la Alemania de Weimar cuya constitución permitía, en su art. 48, al gobierno aprobar decretos de emergencia, sin pasar por el parlamento, si el jefe de Estado los sancionaba, en la república española no existía posibilidad alguna de legislar fuera del congreso. ¿En qué iba a consistir la acción de aquel gobierno entonces?

Portada de La Vanguardia tras las elecciones de 1933.

El 3 de abril de 1935 tomó posesión el gobierno Lerroux V, un gobierno que nunca se relacionaría con el Parlamento. Su composición fue la siguiente: Presidencia, Alejandro Lerroux (radical); Estado, Juan José Rocha García (radical); Justicia, Vicente Cantos Figuerola; Guerra, Carlos Masquelet (militar); Marina, Francisco Javier de Salas (militar); Hacienda, Alfredo de Zavala (republicano progresista); Gobernación, Manuel Portela Valladares (independiente); Instrucción Pública, Ramón Prieto Bances; Obras Públicas, Rafael Guerra Río (radical); Trabajo, Eloy Vaquero (radical); Agricultura, Juan José Benayas (republicano progresista); Industria y Comercio, Manuel Marraco (radical); Comunicaciones, César Jalón (radical).
Quizás este gobierno fuese lo más parecido a una coalición entre Lerroux y Alcalá Zamora. Casi un tercio de las carteras se vinculaban al jefe del Estado, en aquel gobierno de mayoría radical. Bien presente se debe tener que los progresistas eran un pequeño partido de centro derecha fundado por el Presidente. También el ministro de marina fue una elección personal de Alcalá Zamora, a quien le fue recomendado por su cuarto militar*. Más aún de su confianza era, como dijimos, Portela Valladares.
Por orden de Lerroux, el radical Rocha se había entrevistado con Chapaprieta para ofrecerle la cartera de agricultura, prometiéndole Hacienda "tan pronto como fuera posible". Aunque agradecido, el diputado independiente rechazó la oferta. Para él entrar en un gobierno por entrar, en un área cuya complejidad desconocía, carecía de sentido para él.

Decreto de 1932, con la firma de Giral, entonces Ministro de la Marina, y la del Presidente Alcalá Zamora.

En cualquier caso, este gobierno nació muerto. Gil Robles lo sentenció anunciando que lo haría caer tan pronto como expirara el decreto de suspensión. Sin posibilidad de aprobar leyes, aquel gabinete vio limitada su acción gubernamental a modificar algunos reglamentos y tareas similares puramente administrativas. Con la reapertura de las Cortes, Lerroux dimitió a primeros de mayo, apenas cuatro semanas después de prometer el cargo.


*El cuarto militar del Presidente de la República, muy similar al actual cuarto militar de la Casa Real, lo componían los militares que por elección del jefe del Estado debían asesorarle materia militar.



Bibliografía Consultada

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SCHMITT, Carl. Posiciones antes el derecho. Tecnos. Madrid. 2012.
TORRES DEL MORAL, Antonio. Constitucionalismo histórico español. Universitatis. Madrid. 2012
TORRES DEL MORA, Antonio. Estado de derecho y democracia de partidos. Universitatis. Madrid.             2012.


miércoles, 27 de mayo de 2015

Dos hombres de Derechas y la Segunda República (XII)

Fin del Primer Gobierno radical-cedista


Aunque para el 19 de octubre de 1934 la revolución de Asturias había sido aplastada, aquel alzamiento y el del President Companys siguieron monopolizando la acción política del gobierno radical cedista de Lerroux constituido el 4 de octubre. Había que juzgar a los responsables y ver qué se hacía con Cataluña cuyo gobierno autonómico se encontraba ahora a la espera de un procesamiento criminal.
El Estatuto Catalán había sido aprobado en el congreso por amplia mayoría en 1932, gracias fundamentalmente al apoyo que le brindó a Azaña quien lo defendió en un discurso de más de tres horas. Su derogación en 1935 parecía imposible, ya que Alcalá Zamora, temeroso de encender los ánimos de los catalanes, los federales y de las izquierdas en general, había anunciado que vetaría la ley que lo derogara. Así las cosas, lo más lógico hubiese sido permitir al Parlament elegir a un nuevo Govern. Propuesta a la que no era plenamente contrario Lerroux.

El President Companys.

Sin embargo, Gil Robles, que, pese a definir su partido como de “orientación regionalista”, era acérrimo defensor del Estado unitario, vio aquí una posibilidad de acabar con la autonomía catalana, de modo que forzó a Lerroux a suspender de forma indefinida el Estatut. Con él se suspendieron la Generalitat y el Parlament hasta 1936, cuando, de nuevo con Azaña en la jefatura de gobierno, se los restauraría levantando la suspensión.
No sólo en ERC, sino entre las izquierdas y los federales causó malestar semejante componenda. También muchas fuerzas de derechas, como el partido republicano conservador de Antonio Goicoechea y sobre todo la Lliga Regionalista de Cambó la criticaron. Goicoechea llegó a calificar la medida de Gil Robles de “azote de verdugo” a Cataluña.

Francesc Cambó, líder de la Lliga partido regionalista catalán de centro derecha.

No hay que olvidar que desde el 27 de marzo de aquel año, la pena de muerte estaba restablecida en España fuera de la ley militar. Esto hacía que muchos de los acusados por los sucesos de Asturias y Cataluña pudiesen afrontar la pena capital, escenario que hubiese provocado graves disturbios por todo el país. Alcalá Zamora se mostró partidario de conmutar aquellas penas mediante indulto aprobado por el Consejo de Ministros. Lerroux tampoco veía en las ejecuciones nada positivo, pero ante la amenaza de Gil Robles de romper el gobierno, decidió no ponerles trabas inicialmente.
El sometimiento del partido radical al chantaje de la CEDA en la cuestión catalana y asturiana para evitar la caída del gobierno causó un hondo malestar en muchos de sus propios miembros. Finalmente el 16 de noviembre, Gil Robles provocó una crisis parcial para limpiar el gabinete de críticos.

Cuadro de Alcalá Zamora.

Los radicales Ricardo Samper y Diego Hidalgo, titulares de Estado y Guerra, así como el liberal demócrata Villalobos, ministro de Instrucción Pública, dejaron sus carteras. Rocha, hasta el momento ministro de marina pasó a ocupar la cartera de Estado. La suya quedó en manos del radical Abad Conde. Lerroux simultaneó la presidencia con el ministerio de la guerra. El nuevo titular de Instrucción Pública fue el también liberal demócrata Joaquín Dualde.
Finalmente el dos de enero quedó aprobada la ley que suspendía el Estatuto. Su articulado dejaba competencias de la Generalitat en manos de un gobernador general. Aquí fue donde Gil Robles hizo su jugada: para evitar el prometido veto presidencial, le ofreció al jefe del Estado la posibilidad de elegir él al gobernador y apoyar su nombramiento. Seducido por esta oferta, Alcalá Zamora olvidó de repente sus reticencias a clausurar la autonomía. Su propuesta recayó en un centro-derechista muy próximo a él en lo político y en lo personal, el gallego Manuel Portela Valladares, que había sido diputado independiente en las Cortes Constituyentes en 1931, y cuyo nombre no debemos olvidar. El 10 de enero el gobierno publicaba su nombramiento en la Gaceta.

Gil Robles, líder de la CEDA.

¿Qué pasó con el govern de Comanys? Pues el President y sus consellers quedaron retenidos en un buque de la armada fondeado en el puerto de Barcelona. No recibieron un mal trato. De hecho se les permitió recibir visitas con bastante frecuencia y hasta se vivió una escena cómica cuando un conseller fue visitado simultáneamente por su mujer y por su amante.
No obstante, hubo un preso en aquel barco que nada tuvo que ver con el alzamiento de octubre: Manuel Azaña. El ex presidente del gobierno se encontraba en Barcelona cuando ocurrió todo. Lerroux y Gil Robles vieron ahí una posibilidad para desacreditar a al mandatario involucrándolo en un golpe del que nunca tomó parte, para presentarlo ante los españoles como enemigo del país. El Presidente de la República se avino también a la sucia maniobra.

Alejandro Lerroux, líder del Partido Radical.

El tiro les salió por la culata. El 28 de diciembre, ante la bochornosa falta de pruebas, el Tribunal Supremo dictó sobreseimiento de la causa y constató la ilegalidad del arresto. En su condición de diputado, Azaña no podía ser detenido ni juzgado, sin conceder la cámara el suplicatorio - salvo ser sorprendido cometiendo delito flagrante.
Pero el daño personal ya estaba hecho. El hermano del ex presidente que lleva años arrastrando una larga enfermedad entró en agonía pocas semanas después de su arresto. Trató de ir a Barcelona para que pudieran despedirse, pero falleció en Zaragoza camino de la ciudad condal. Pese a sus peticiones porque le dejaran encontrarse con su hermano, aunque fuese como arrestado, no se permitió a Azaña salir del buque.

Manuel Azaña.

A lo largo de la historia, los españoles no nos hemos distinguido por nuestra reflexividad, nivel cultural o sagacidad, pero sí por ser un pueblo sensible a las injusticias. Este bochornoso atropello hirió la sensibilidad social de la época y resucitó a Azaña como figura política. Sin embargo, según dijeron su mujer y su cuñado, como hombre hubo un Manuel Azaña antes y otro después de su arresto en Barcelona.
Los primeros días de enero, Alcalá Zamora convocó tres consejos de ministros en Palacio presididos por él, en los que dejó clara su posición a favor de indultar a los múltiples condenados a muerte, entre otros González Peña, apodado el generalísimo de los revolucionarios asturianos. Llegó a amenazar con dimitir de la Presidencia si no se aprobaban los indultos. Al final Lerroux terminó por ceder y el consejo de ministros aprobó los indultos. Pero desde entonces la crisis con la CEDA se hizo inevitable.

Portada del diario Región con González Peña.

Las páginas de las memorias de Gil Robles referidas a estos sucesos incitan a la risa. Trata de presentar al lector como coherente su apoyo a la amnistía de la que se beneficiaron el general Sanjurjo y sus cómplices un año antes y su oposición a la amnistía de los sublevados de octubre. Para él, la razón es sencilla: los revolucionarios del 34 ponían en peligro la identidad de España. Hay que entender que no veía tal riesgo en los golpistas del 32.
Frustrado un intento de reforma del Tribunal Supremo que la CEDA quería hacer más dependiente de las Cortes, la coalición entre cedistas y radicales se rompió. El 29 de marzo, tras un consejo de ministros de cuatro horas se indultó a González Peña, los ministros cedistas, Aizpún, Giménez Fernández y Anguera de Sojo anunciaron su salida del gobierno. El momento estaba estratégicamente calculado. Rota la coalición parlamentaria, no quedó otro remedio a Lerroux que dimitir.
Ese mismo día Alcalá Zamora abrió consultas. Desde el primer momento le encargó a líder radical intentar negociar un nuevo gabinete.

Portela Valladares, político allegado a Alcalá Zamora, asumió el cargo de gobernador general de Cataluña.

El día 31, Lerroux visitó a Gil Robles en el domicilio particular del líder cedista, quien hipoteco el apoyo de su partido al líder radical a la entrada de más de sus correligionarios en el gobierno. En palacio, Alcalá Zamora rechazó drásticamente esta posibilidad, de modo que Lerroux renunció al encargo.
En aquellas consultas, las primeras de 1935, fiel a su histriónico estilo, el Presidente de la República llamó a todos los llamables a la cámara presidencial. Azaña excusó su asistencia en una carta cargada del más negro sarcasmo, que remitió al Secretario General de la Presidencia, para que, escribió, el jefe del Estado no recibiera “los consejos de un presunto delincuente”.


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