Constitución de 1869

El uno de junio de 1869, por 214 votos a favor, 55 en contra y algunas abstenciones, las Cortes Constituyentes aprobaban, para España, la constitución más rica en derechos y libertades de cuantas habían conocido sus ciudadanos, hasta el momento. Los legisladores que la votaron habían sido elegidos por sufragio universal gracias a una ley electoral aprobada por la Junta Revolucionaria, presidida por el general Serrano, que un año antes, con La Gloriosa, había destronado a Isabel II. La nueva constitución se convirtió en la primera de la historia en garantizar a todo hombre (las mujeres tuvieron que esperar a 1931) mayor de edad el derecho a voto y a ser elegido, sin censos ni condiciones económicas.

Gobierno Provisional de 1869. De izquierda a derecha: Figuerola, Ruiz Zorrilla, Sagasta, Prim, Serrano, Topete, Adelardo López de Ayala, Lorenzana y Romero Ortiz (Fotografía de J. Laurent).

El nutrido Título Primero, De los Españoles y sus derechos, abre con artículo primero que define a quienes pertenece la ciudadanía española: a los nacidos dentro del país, fuera hijos de madre o padre español y a los emigrantes nacionalizados. Los treinta artículos que siguen establecen los derechos y garantías constitucionales de los que gozan tanto españoles como extranjeros. Se consagra la inviolabilidad del domicilio (art. 5) y la libertad para fijarlo (art. 6), la privacidad del correo y documentación personal (art. 7). Los artículos 13 y 14 preservaban la seguridad de la propiedad privada.

Además de libertad para fijar domicilio, todo español goza de libertad para establecer su negocio, elegir empleo y circular por el país (art. 14, 16 y 27). El artículo 25 hace extensivo el grueso de estas libertades a los extranjeros.

El artículo 17 recoge a libertad de expresión, publicación, reunión, asociación y emitir peticiones a las cortes. Las dos últimas se ven reguladas en los artículos 18 y 19.

Isabel II, reina de España desde 1833, destronada en 1868 por la revolución de "La Gloriosa"

Los españoles no están obligados a pagar tributos que no hayan aprobado las Cortes (art. 15). Se especifica, así mismo, que cualquier funcionario que en base a su cargo recaude impuestos arbitrariamente (hecho frecuente a lo largo del reinado de Isabel II) incurrirá en delito. A fin de apuntalar esto último, el artículo 30 desposee al funcionariado de sus privilegios jurídicos.

La obligación de prestar servicio militar a la Nación cuando se requiera queda fijada en el artículo 28.

Una larga lista de artículos (art. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 , 16, 22 y 23) fijan las garantías procesales necesarias para evitar detenciones arbitrarias, plazos mínimos que una vez superados sin haber presentado contra el detenido cargos criminales o haberlo pasado a disposición judicial orden su inmediata puesta en libertad. También se obliga al Estado a indemnizar a aquellos ciudadanos que hubiesen sido perjudicados por una u otra razón su actuación.

General Serrano, presidente de la Junta Provisional Revolucionaria desde 1868 hasta 1869, cuando fue nombrado regente del reino hasta la coronación de Amadeo I en 1871.

El artículo 21 establece la obligación del Estado de “mantener el culto y los ministros de la religión católica”, si bien, permite y protege a todos los demás cultos que no contraríen a las leyes. Mediante esta fórmula, la constitución pretendía así ser ecuánime y conciliadora con la gran mayoría católica del país, y también con las demás minorías religiosas y la minoría laica o atea.

Un gran interés tiene el artículo 29: “La enumeración de los derechos consignados en este título no implica la prohibición de cualquier otro no consignado expresamente”. En estas palabras se ve la visión del legislador constituyente de 1869 y su vocación de adaptar el contenido de la constitución a las evoluciones de los nuevos tiempos.

Portada y Preámbulo de la Constitución de 1869.

Por su parte, el artículo 31 cierra el Título I regulando aquellas situaciones que hoy se conocen como estado de guerra, emergencia o sitio; es decir, momentos en que se pueden suspender las libertades cívicas en aras de la seguridad. Sin embargo, en ningún escenario se permite la suspensión de la libertad de expresión, publicación, reunión o asociación. El párrafo final del artículo advierte explícitamente a “los Jefes militares” que no pueden hacer un uso arbitrario de sus facultades para imponer penas.

Con esto se cierra la parte dogmática o ideológica de la Constitución de 1869. Los seis siguientes títulos consagran la división de los tres poderes del Estado. El Título II, muy breve (seis artículos) recupera el concepto de la soberanía nacional (art. 32) al que ya se aludía en el preámbulo de la constitución.

Por primera vez en la historia, una constitución acota la división de los tres poderes, tal y como la conoces hoy en día: legislativo, ejecutivo, y judicial, que pertenecen respectivamente a las Cortes, el rey “que lo ejerce por medio de sus ministros” y los Tribunales (art. 34, 35 y 36). Así mismo, se encomienda a ayuntamientos y diputaciones provinciales “la gestión de los intereses peculiares de los pueblos y las provincias” (art. 37).

Composición de la Cortes Constituyentes de 1869, primeras elegidas por sufragio universal masculino en España

El Título III establece para España un poder legislativo bicameral perfecto, en el que Congreso y Senado gozarán de “iguales facultades” (art. 38), el Congreso se renueva cada 3 y el senado por cuartas partes en igual plazo (art. 39). Se establece el mandato representativo (art. 41) y el principio de la representatividad del conjunto de la Nación para todo legislador (art. 40), no únicamente de la circunscripción que los haya elegido.

Tras estos puntos introductorios, comienza la Sección Primera del título que determina el funcionamiento de las cámaras.

Como en las anteriores constituciones, el rey preserva las facultades convocar, suspender, disolver y cerrar las sesiones de las Cortes (art. 42), al menos nominalmente. En la práctica, las Cortes debían ser reunidas a más tardar el 1 de Febrero de cada año (art. 43) y cuando vacare la corona (art. 44). Los cuerpos colegisladores no pueden deliberar juntos ni en presencia del rey (art. 46), tampoco puede deliberar uno de los cuerpos colegisladores si el otro no está reunido (art. 46), salvo cuando el Senado ejerza su facultes judiciales. Sus sesiones son, salvo excepciones, públicas. Congreso y Senado crean su propio reglamento, eligen a su presidente, vicepresidente y secretarios (art. 45).

Las Cortes comparten su iniciativa legislativa con el Rey (art. 54), quien a través de los ministros puede presentar proyectos de ley. Las peticiones a las Cortes, o lo que hoy denominaríamos iniciativa popular (art. 55) no podían realizarse en persona o en grupo por quienes las presentasen, sino que debían llevarse a cabo a través de los legisladores.

Manuel Ruiz Zorrilla, presidente de España en 1871 y después en 1873, inicio y final del reinado de Amadeo I.

Para las votaciones se establece un quórum de la mitad más del número de legisladores (art. 51), todo proyecto de ley debe ser votado por las Cortes, antes de que pueda empezar a tramitarse (art. 52), las dos cámaras tienen derecho de censura sobre lo que apruebe la otra (art. 53). Cuando las cámaras no estén de acuerdo en una ley, en lugar de desecharla por esa legislatura como se había hecho hasta entonces, “se procederá con arreglo a la ley [una futura ley] que fija sus relaciones”, nos dice el articulado. En los proyectos de contribuciones, crédito público y fuerza militar prevalece la voluntad del Congreso.

Los artículos 56 y 57 consagran la inviolabilidad de los legisladores. Además, el artículo 59 establece que cualquier diputado o senador que aceptase sueldos, honores, o condecoraciones (aparte de los que recibiese como ministro) se consideraría que había renunciado a su escaño.

Además de su facultad legislativa, las cortes deben (art. 58) recibir del rey o del regente el juramento de guardar la constitución, elegir regente, resolver dudas de hecho en la sucesión, juzgar a los ministros que hubiesen cometido delitos y nombrar a los miembros del Tribunal de Cuentas.

General Juan Prim (1814-1870), presidente del gobierno de España desde 1869 hasta su muerte.

La sección segunda del Título III perfila el funcionamiento del Senado. El artículo 64 consagra una renovación paulatina de la cámara, un cuarto cada tres años, excepto cuando el rey opte por disolverla por completo. Los senadores se eligen por un complejo proceso electoral: por sufragio universal, cada distrito municipal elige a un número de compromisario equivalente a la sexta parte de los concejales que deban componer su Ayuntamiento, en caso de que sean muy pequeños eligen al menos a un compromisario. Estos compromisarios se reúnen conjuntamente con los miembros de la Diputación Provincial con quienes constituyen una Junta Electora que elige a cuatro senadores (art. 60).

Amadeo I, rey electo de España entre 1870 y 1873.

Para ser senador se debe: ser español, mayo de cuarenta años, gozar de todos los derechos civiles; y haber sido o ser presidente de lo congreso, diputado en tres elecciones (nueve años) o de las cortes constituyentes, ministro, presidente o  miembro del Consejo de Estado, de los Tribunales Supremos, del Tribunal de Cuentas o del Tribunal de la Guerra, capitán general o teniente general, almirante o vicealmirante, embajador, arzobispo u obispo, rector de universidad o catedrático con dos años de ejercicio, cuatro veces diputado provincial, dos veces alcalde de una localidad de 30.000 habitantes, inspector general de los Cuerpos de ingenieros civiles, presidente o director de cualquiera de las Reales Academias, o ser uno de los 50 mayores contribuyentes por contribución territorial o los 20 mayores por subsidio industrial y comercial de cada provincia.

De nuevo vemos la visión de futuro del legislador constituyente de 1869 que en el artículo 61 dictaminó: “cualquiera que sea en adelante la división territorial, nunca se alterará el número total de senadores”. Así se pretende evitar que, mediante maniobras políticas, se altere la composición de la cámara alterando la composición territorial, con el fin de favorecer a un sector político.

Amadeo I, nada más llegar a Madrid tuvo que ir a contemplar el féretro de Prim, su principal valedor.

En su conjunto el Senado dejó de ser la cámara que el monarca nombraba a dedo y adquirió un carácter plenamente electivo. El órgano quedó definido como una cámara de representación territorial, a la vez que de hombres meritorios, del reino.

La Sección Tercera que cierra el Título, describe en sus dos artículos (art. 65 y 66) que todo español, mayor de edad que goce de todos sus derechos civiles, puede ser elegido diputado. Con arreglo a la Ley electoral, se elige un diputado por cada 40.000 almas.

Cuando se firmó el pacto de Ostende (1866) en Bélgica, se perseguía poder unir a toda la oposición al régimen de Isabel II. Por ello, no se explicitó si España sería una monarquía o una república, para que los republicanos no quedasen fuera del acuerdo. Sí se dejó muy claro que el nuevo régimen debería ser democrático y reconocer las libertades y derechos cívicos fundamentales.

Viñeta de La Flaca donde se muestra a Prim y Serrano subastando la corona de España. En realidad, ningún monarca quería pujar por ella.

Durante el proceso Constitucional, cuando se empezó a ver difícil encontrar a un buen rey para el país, muchos propusieron a Prim, líder político del proceso constituyente, que se optase por la República, posibilidad que el general siempre desechó argumentando: “no se puede hacer una república sin republicanos”. El tiempo le daría la razón.

La mayoría en las Cortes Constituyentes no era republicana (tampoco lo era, ni mucho menos, en 1873 cuando se proclamó la primera república), con que los legisladores elaboraron una constitución monárquica. A la espera de encontrar un rey, el Título IV definió que poderes tendría el monarca.

Su persona se define como inviolable, no tiene responsabilidad legal, ésta la asumen sus ministros (art 67) a los que nombra y separa libremente (art. 69) pues no deja de ser el cabeza del poder ejecutivo y comandante en jefe de las fuerzas armadas (art. 70).

Bandera de España entre 1868 y 1873, al proclamarse la Primera República se suprimió la corona.

Juntamente con el artículo 43 que obligaba a que las cortes se reuniesen al menos cuatro meses al año, el artículo 71 limita a una sola ocasión dentro de cada legislatura el poder del rey para suspender las sesiones de las Cortes sin que éstas presten su consentimiento. Además, cuando disuelva cualquiera de las dos cámaras, tendrá tres meses de plazo máximo para convocarla de nuevo (art. 72.)

Sus potestades (art. 73) consisten en cuidar de la acuñación de la moneda, conferir empleos civiles y militares según dijesen las leyes, conceder honores, dirigir las relaciones diplomáticas, garantizas –simbólicamente- el cumplimiento de la justicia e indultar a los delincuentes, salvo a los ministros y hacer los reglamentos que desarrollasen las leyes (art. 75). Además, mediante la autorización de una ley especial aprobada para el caso (art. 74), puede ceder o enajenar partes del territorio nacional, incorporar nuevos territorios, admitir tropas extranjeras, ratificar alianzas ofensivas, conceder amnistías e indultos generales, contraer matrimonio él y los miembros de la línea sucesoria, así como abdicar del trono.

Al inicio de cada reinado se fijaba la dotación económica para el monarca (art. 76).

Práxedes Sagasta presidió su primer gobierno entre 1871 y 1872.

La sucesión y la regencia se regulaban en el Título V. Muy reveladora del espíritu de monarquía constitucional es la fórmula con que se abre el artículo 77: “La autoridad Real será hereditaria”. No “el trono” o “la corona”, sino “la autoridad Real”, porque, para el legislador de 1869, no es el hombre quien encuentra un sucesor sino la potestad que ejerce. El mismo artículo fijó una sucesión basada en el criterio seguido hasta entonces de preferencia por proximidad de parentesco, edad y ser varón; sin excluir a las mujeres por completo. Complementariamente, el artículo 78 obliga al rey a jurar su cargo sobre la constitución y las leyes, al igual que al príncipe de Asturias al alcanzar la mayoría de edad.

La mayoría de edad del rey se fijó en los dieciocho años (art. 82).

Las Cortes, por su parte, deben elegir rey si se extinguen las líneas sucesorias (art. 77), excluir de la sucesión a los incapacitados o indignos (art. 80), nombrar una regencia de una, tres o cinco personas cuando las circunstancias lo exigiesen (art. 83) y llegado el caso a un tutor para el rey menor (art. 86) cuando faltasen el padre y la madre de éste, o se hubiesen vuelto a casar. Únicamente ellos podían ejercer, llegado el caso, la regencia y la tutoría del rey de forma conjunta, si permanecían viudos.

Atentado mortal contra Prim el 27 de diciembre de 1870, en la calle Del Turco.

Una gran importancia tiene el artículo 85 que, además de revestir regente de toda la autoridad del rey, establece que durante una regencia no se pueden realizar cambios constitucionales.

Los cuatro artículos que forman el Título VI relativo a los ministros comienzan a asentar las bases de un verdadero poder ejecutivo que, aunque muy vinculado a la Corona todavía, empieza a mostrar una tímida autonomía. Para empezar las órdenes del rey deben ir refrendadas por un ministro (art. 87), de no ser así, carecen de validez.

Los ministros sólo pueden asistir a las sesiones de las Cortes cuando pertenezcan a una de las cámaras (art. 88). Como ya dijimos antes, en caso de que cometan un delito los acusa el Congreso y los juzga el Senado (art. 89). Para recibir un indulto del rey los ministros condenados, el monarca debe realizar una petición a una de las dos cámaras.

El Poder Judicial, que por primera vez recibe esta denominación, se desarrolla en el Título VII. Los Tribunales tiene la competencia exclusiva de impartir justicia (art. 91) con unos mismos códigos para todo el país (que nunca llegaron a desarrollarse durante el Sexenio Liberal). Los magistrados se definen  inamovibles, se les nombraba por oposición, o bien el rey a propuesta del Consejo de Estado (art. 94 y 95). Este órgano también resulta determinante en cuanto a los ascensos (art. 97). Los Tribunales no deben aplicar reglamentos provinciales, locales o incluso generales si no están de acuerdo con la ley (art. 92). Junto a esta garantía de independencia del tercer poder, se introduce la figura del jurado popular “para todos los delitos políticos, y para los comunes que determine la ley”, según el artículo 93.

La Gloriosa 1868.

Un detallado artículo 99 compone el Título VIII, De las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos. La constitución no pretende organizar estas instituciones, tarea que deja para que una ley la desarrolle posteriormente. Sin embargo, consagra sus principios, tales como la publicidad de sus sesiones, publicación sus presupuestos así como la intervención de los poderes centrales para evitar arbitrariedades.

La materia económica y las cuestiones de defensa quedan reguladas en el Título IX. Su articulado establece la obligación de presentar una ley anual de presupuestos junto con un balance del ejercicio del año anterior, para el gobierno, como  muy tarde en los diez días posteriores al 1 de febrero (art. 100 y 101). Todos los impuestos tendrán que estar regulados por la ley de presupuestos u otra espacial, pero no se podrán cometer arbitrariedades en materia tributaria (art. 102). El gobierno necesita autorización para usar el crédito prestado a la Nación y enajenar el patrimonio nacional (art. 103). La Deuda Pública queda protegida bajo salvaguardia de la Nación (art. 104), “no se hará ningún empréstito sin que se voten al mismo tiempo los recursos necesarios para pagar sus intereses”.

Cada año las Cortes fijarán, a propuesta del Rey una fuerza militar permanente (art. 106). Ninguna fuerza militar puede existir sin que una ley la autorice (art. 107).

Mapa de los principales núcleos de insurrección de la Tercera Guerra Carlista (1872-1876).

Los artículos 108 y 109 que componen el Título X, De las Provincias de Ultramar, señalan que los regímenes de gobierno de Cuba, Puerto Rico y Filipinas serán reformados. Se persigue el objetivo de que los habitantes de aquellas tierras gocen de los mismos derechos que quienes habitan en la Península.

La Constitución de 1869 es la primera que contempla un mecanismo de reforma en su Título XI. Las modificaciones de la carta magna pueden llevarse a iniciativa del Rey o de las propias Cortes, teniendo que aprobar siempre éstas últimas una declaración de reforma; no se fija en el texto ninguna la necesidad de ninguna mayoría especial. Aprobada la declaración, se disuelven ambas cámaras y se convocan nuevas Cortes (art. 110 y 111).

Las siguientes Cortes actúan como constituyentes en tanto que aprueban la reforma constitucional (art. 112). En tanto que realicen esa función no pueden ser disueltas. Concluida la reforma, continúan actuando como Cortes ordinarias.

Aunque extraordinaria en cuanto a la perspectiva del avance jurídico, muchos puntos de esta constitución se quedaron en papel mojado. Nada más ser promulgada, a falta de monarca, se nombró regente al general Serrano, poco después el general Prim se hizo cargo del gobierno.

Carlos VII, tercer cuarto pretendiente carlista al trono de España.

Las Cortes, tal como señalaban las Disposiciones Transitorias de la constitución iniciaron la búsqueda de un rey. Ningún príncipe europeo quería ser rey de España, aparte de los destronados Borbones. Se llegó a poner sobre la mesa la proposición de una monarquía militar, personificada en el general Espartero, pero el antiguo regente declinó la oferte. Prim tampoco la veía viable, pues el anciano general no tenía hijos, lo cual hubiese dado pie a un problema sucesorio en muy pocos años.

Tras mucho insistir, Prim logró romper el rechazo casi tajante de Amadeo de Aosta, hijo menor del rey de Italia Victorio Manuel II. El 16 de noviembre de 1870, las cortes lo proclamaron Amadeo I de España por 191 votos, frente a 60 a favor de la república federal, 27 a favor del duque de Montpensier, cuñado de Isabel II, 8 por Espartero, 1 por la duquesa de Montpensier, doña María Luisa Fernanda, hermana de Isabel II, 1 por la república indefinida y 19 papeletas en blanco.

Al proclamarse la Primera República el 11 de febrero de 1873, la Constitución monárquica de 1869 quedó, de facto, anulada.

El reinado del bienintencionado Amadeo I fue desastroso. Empezó con el asesinato de Prim, su mejor valedor. Inmediatamente estalló la tercera guerra carlista (1872-1876) y se agravó un conflicto iniciado en Cuba en 1868, por un movimiento guerrillero que pretendía la independencia de la isla. La inestabilidad política se volvió insoportable, en apenas tres años de reinado se llamó cuatro veces a elecciones y hubo seis gobiernos. La noche entre el 10 y el 11 de Febrero el rey abdicó.

Al día siguiente diputados y senadores, vulnerando a la propia constitución, se reunieron conjuntamente en una gran asamblea y proclamaron una efímera república sin apoyo popular que nunca llegó a tener constitución, ni siquiera cumplió un año de vida. Con ella desapareció la Constitución de 1869.


Bibliografía Consultada

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http://fama2.us.es/fde/constitucion1869.pdf