Dos Hombres de Derechas y la Segunda República (XI)

Las Sublevaciones de Asturias y de Companys

La sublevación en Asturias y el pronunciamiento del President Companys en Barcelona monopolizaron la vida del gobierno Lerroux IV y a la postre fueron la causa de su muerte. La complejidad e importancia de ambos sucesos resultan imposibles de exponerse aquí, aunque parece oportuno hacer un breve apunte.

Desde su derrota electoral en noviembre de 1933, las izquierdas se pusieron muy nerviosas. El temor a que, si la CEDA, cuyo líder flirteaba con Mussolini, Hitler y Dollfuss, accedía al gobierno, la República se desmantelaría desde dentro impulsó a muchos izquierdistas moderados a sumarse a las tesis extremistas de Largo Caballero y los comunistas. Estos sectores propugnaban que la izquierda revolucionaria debía hacerse con el poder, si era preciso, por la fuerza.

El socialista Largo Caballero, apodado el Lenin español.

Las políticas involucionistas de los gobiernos radicales de Lerroux en materia religiosa y policial alimentaron la convicción de que se preparaba un asalto al nuevo régimen desde dentro. La debilidad del gobierno Samper que produjo graves descoordinaciones en materia de seguridad permitió que los sindicatos trajeran armas de contrabando, sobre todo de la URSS. Estas se concentraron en la cornisa cántabro-astur, en silos clandestinos.

Tras la formación del gobierno del 4 de octubre en que la CEDA obtuvo tres carteras, se tuvo por fin la ansiada excusa para dar el golpe. El objetivo era formar un gobierno revolucionario en el norte para luego marchar sobre Madrid haciéndose así con el poder en toda España. Entonces el país se convertiría en una suerte de Estado soviético gobernado bajo una dictadura proletaria.

El día seis de octubre de 1934 se confirmaron los peores pronósticos. El gobernador civil de Oviedo era incapaz de mantener el control en el principado asturiano por los medios policiales ordinarios. En pocos días los cargos oficiales debían ser evacuados y no sólo de los pueblos, sino incluso de algunas ciudades que también cayeron en poder de los revolucionarios.

Lluís Comapnys, segundo President de la Generalitat catalana.

Simultáneamente ese mismo día, Companys, President de la Generalitat desde la muerte de Macià, fallecido el día de navidad de 1933, proclamó el Estado catalán sublevándose contra el gobierno central. La proclama que se hizo por radio instaba al alzamiento popular de los catalanes y todos los verdaderos republicanos.

En nuestros días, con el independentismo más rancio tratando de reescribir la historia, se pretende buscar en aquel suceso un antecedente de las aspiraciones secesionistas. Nada más falso.

No está de más recordar que ERC no abrazó el independentismo hasta después de la marcha del President Tarradellas, en los años ochenta. En cuanto a Companys, él proclamó el “Estado Catalán” como miembro de una especie de república federal ibérica compuesta de Estados con amplia capacidad de autogobierno, tal como EEUU, México o Alemania con sus Länder. Según su concepción, en una federación no volverían repetirse lo que él consideraba “vulneraciones de la autogobierno catalán” como la anulación de la ley catalana de contratos de cultivo por el Tribunal de Garantías Constitucionales ocurrida pocos meses antes.

General Batet, militar leal a la Segunda República.

El President se puso a sí mismo a la cabeza de un gobierno provisional para marchar sobre Madrid desde Barcelona. Una vez en la capital forzarían la implantación de España como una república federal. Para su desgracia nadie respondió a su llamada. Los catalanes se quedaron tranquilos en sus casas indiferentes a la alocución. Su suerte fue que el general Batet a cargo de la capitanía general de Barcelona era un hombre muy razonable; tan razonable que el 18 de febrero de 1937 los golpistas le fusilaron por haberse negado a tomar parte en el alzamiento del 18 de julio en Burgos.

Las órdenes de Batet fueron rodear el Palau de la Generalitat, pero prohibió el uso de la fuerza.

Aunque recibió órdenes del mismo Lerroux de asaltar el Palau de la Generalitat a sangre y fuego si era preciso, Batet entendió lo innecesario de uso de la violencia que sí hubiese podido dar lugar a un motín popular. Se limitó a rodear el edificio y la plaza Sant Jaume. Cuando por fin consiguió contactar telefónicamente con Companys que se había atrincherado con un puñado de guardias de asalto en la sede del gobierno catalán, le convenció para que se rindiera.

Pocas horas más tarde Companys se entregaba junto con su gobierno que quedaron arrestados.

Companys y su gobierno fueron encarcelados.

En Asturias, por desgracia, la cosa no se saldó de un modo tan cómico. Una vez sofocados los motines revolucionarios aislados en Euskadi y zonas de Madrid, el gobierno puso el principado bajo la ley marcial. Los generales Goded y Franco fueron enviados allí con carta blanca para someter la sublevación.

Mientras tanto, el proyecto revolucionario había quedado desdibujado ante la imposibilidad de mantener una jerarquía estable. Los comunistas, impulsores del alzamiento, apenas gozaban de influencia entre los asturianos, a diferencia de la CNT. El sindicato anarquista sí disfrutaba de una adhesión prácticamente unánime entre los mineros. Sus líderes se hicieron con el control y con las armas que socialistas y comunistas habían pagado para dar su golpe. Sin un poder central Asturias quedó desguazada en un mar de comunas. Aisladamente, también se autoproclamó, en pequeños municipios, alguna que otra república soviética.

Generales Goded y Franco. El 18 de julio de 1936 el primero se sublevó en Mallorca y segundo en Canarias.

Ninguno de esos gobiernos actuó precisamente con humanidad hacia cualquier disidente catalogado de “reaccionario”. Sin embargo, ni sus asesinatos ni otros crímenes rozaron si quiera la brutalidad empleada por los mandos militares en la represión. Numerosas ciudades y pueblos fueron bombardeados con artillería, sin necesidad alguna. Después de que el 19 de octubre se sometieran los últimos reductos en poder de los revolucionarios, se multiplicaron los encarcelamientos, torturas y ejecuciones –a menudo clandestinas, sin siquiera un juicio castrense.

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