Dos Hombres de Derechas y la Segunda República (XIV)

El Nuevo Gobierno y las propuestas del Presidente

Acontecida la enésima crisis de gobierno del bienio negro, el Presidente de la República abrió nuevas consultas. Ante la negativa del Jefe del Estado a disolver las Cortes, la única opción posible pasaba por rehacer la coalición entre el partido radical y la CEDA. Eso no iba a ser fácil.

Gil Robles supeditó la participación de su partido a un mayor número de carteras, que al final resultaron cinco. Además exigió para sí la cartera de guerra. Aunque en No fue posible la paz escribe haberla pedido simplemente por su relevancia, a nadie escapa que en los siete meses que estuvo en ese ministerio, Franco fue nombrado jefe de Estado mayor, ni que otros golpistas del 18 de julio como Mola y Goded recibieron importantes ascensos. Diga lo que diga el líder cedista, en sus memorias, parece claro que el famoso golpe de 1936 se fraguó mientras él era ministro.

Joaquín Chapaprieta.

Por lo que respecta a Chapaprieta, también fue llamado a palacio en su condición de líder de la minoría de diputados independientes de centro derecha. Poco después de salir de la cámara presidencial, recibió la llamada del señor Alba, el presidente de las Cortes. Le pedía una reunión en su despacho.

Antiguo miembro del partido liberal bajo la monarquía, Alba se había afiliado al partido de Lerroux pocas semanas antes de las elecciones de 1933. En la breve entrevista, le transmitió a Chapaprieta el deseo del líder radical de que entrase en el gobierno como ministro de Hacienda. Si bien, Lerroux condicionaba su oferta a que no lo hiciera como diputado independiente, sino como miembro del grupo radical.

Efigie de Lerroux en un sello.

Para su sorpresa, Chapaprieta se negó. Si entraba así en el gobierno, parecería “y con razón” (CHAPAPRIETA. 1971:162) que sólo se habría hecho radical por interés personal. Tampoco quería ser desleal con la CEDA que le había permitido llegar a ser diputado independiente poniéndolo a la cabeza de su lista por Alicante, sin exigirle nada.

Horas más tarde, recibió la vista de un agradecido Gil Robles quien le comunicó su deseo de que entrara en el gobierno como independiente. A partir de ahí el líder cedista presionó a Lerroux para que aceptase la entrada de Chapaprieta en la gabinete. En este tira y afloja encontró un inusual aliado: el propio Alcalá Zamora. Obsesionado con que hubiera ministros leales a él, ya había impuesto a Lerroux la presencia de Portela y a un liberal demócrata, partido del que era cofundador. Un independiente, como Chapaprieta, elucubró que le sería fiel.

Gil Robles, ministro de la guerra, con el general Franco su Jefe de Estado Mayor.

Por fin, el 6 de mayo de 1935 tomó posesión el nuevo gobierno de coalición radical cedista, el gobierno Lerroux VI. Su composición fue: Presidencia, Lerroux (radical); Estado, Juan José Rocha (radical); Justicia, Cándido Casanueva (CEDA); Guerra, José María Gil Robles (CEDA); Marina, Antonio Royo Villanova (agrario); Hacienda, Joaquín Chapaprieta (independiente, centro derecha); Gobernación, Manuel Portela Valladares (independiente); Instrucción Pública, Joaquín Dualde (liberal demócrata); Obras Públicas, Manuel Marraco (radical); Trabajo, Federico Salmón (CEDA); Agricultura, Nicasio Velayos (agrario); Industria y Comercio, Rafael Aizpún (CEDA); Comunicaciones, Luis Lucía (CEDA). España volvía a tener gobierno, esta vez con las Cortes abiertas.

Pocos días después, siguiendo lo que se había convertido en una costumbre, Alcalá Zamora convocó un consejo de ministros presidido por él en palacio. En uno de sus farragosos soliloquios, les expuso a los ministros su parecer sobre la situación política y social. A su modo de entender, el gobierno tenía las siguientes prioridades:

a)   Volver a poner en marcha las Cortes. La actividad legislativa estaba paralizada por los continuos cambios de gobierno y los hechos de octubre, desde septiembre de 1933.

b)      Estabilizar la situación económica de la Administración.

c)      Elaborar una nueva ley electoral.

d)      Reformar la constitución. Las modificaciones debían pivotar entorno a dos ejes:

a.       Crear un Senado

b.      Solventar la cuestión religiosa

Escudo Presidencial de Niceto Alcalá Zamora.

De entre estos objetivos, los dos primeros parecen muy lógicos. En cuanto al tercero, las derechas y el centro temían, desde hacía tiempo, una derrota electoral, cuando se disolviera el parlamento, golpe que pretendían amortiguar modificando la ley electoral de 1933. La propuesta era cambiar de un sistema de mayorías a un sistema de representación proporcional, como el que recientemente había adoptado Bélgica. Pero al final no se llegó a nada, porque radicales y cedistas, aunque estaban de acuerdo en la idea general, no querían ceder en los tecnicismos que podían favorecer a unos u otros en los comicios.

Más extraña resulta la petición de reformar la constitución. Con un país arruinado y un régimen que apenas había vivido cuatro años ¿por qué era aquello una prioridad para el Presidente? Pues bien, vamos a tratar de desentrañar el misterio.
El procedimiento de reforma constitucional se regulaba en el art. 125, el último de la carta magna, donde se establecía que durante los primeros cuatro años de su vigencia, la constitución sólo se podría reformar por mayoría de dos tercios de los diputados. Después bastaría la mayoría absoluta. Al estar en 1935, prima fice, ya se podrían introducir reformas en la Ley Suprema por el último mecanismo.

Quema de un convento jesuita en Madrid (1931). El anticlericalismo radical causó estragos durante la Segunda República.

Como profundo católico, el Presidente de la República se manifestó en el debate constitucional partidario de mantener la confesionalidad del Estado, dentro de un régimen de tolerancia con otras religiones, similar fijado por Cánovas en la constitución de 1876. La CEDA se avenía a este proyecto, pero los radicales se mostraban más partidarios de la laicidad, sin perjuicio de mejorar las relaciones con la Santa Sede mediante un nuevo concordato.

En cuanto al senado, en sus Memorias, Alcalá Zamora realiza la delirante afirmación de que con una cámara alta (y sin su destitución) se habrían evitado la guerra civil. Semejante “tesis”, compartida por algunos derechistas entre ellos Gil Robles carece de sentido. Lo que se planteaba desde esos postulados era la posibilidad de crear un senado con unos sistemas de elección tales que garantizaran una permanente mayoría conservadora en aquella cámara. De ese modo, siempre que el sistema bicameral fuera perfecto, es decir, con iguales competencias para ambas cámaras, se podría paralizar un congreso dominado por las izquierdas.

El proyecto de constitución de la Primera República sí preveía un sistema bicameral con senado.

¿Pero qué buscaba realmente el Presidente de la República al pedir a su gobierno que impulsar esta reforma en un momento en mil asuntos más urgentes acuciaban al país? Pues bien, desde principios de año, Alcalá Zamora veía claro que las Cortes surgidas de 1933 no iban a ninguna parte, pero se negaba a disolverlas por temor a que las siguientes lo destituyeran aplicando el art. 81 de la constitución.

Ahora bien, si las Cortes emprendían una reforma constitucional, tanto si esta se aprobaba como si fracasaba en la votación, la constitución ordenaba la autodisolución de las Cortes sin intervención del Presidente. Por este tortuoso camino ambicionaba el jefe del Estado procurarse un nuevo parlamento sin riesgo a verse despojado de su cargo, aunque fuera a costa de la integridad de la ley fundamental de la Nación.

Edición de lujo de las Constitución de 1931 con la efigie de Besterio, Presidente de las Cortes Constituyentes.

Para su desgracia, ni Lerroux ni Gil Robles mordieron el anzuelo. Se abrieron algunas subcomisiones en el Congreso para discutir el tema, pero nunca llegó a materializarse proyecto de reforma constitucional alguno.

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