miércoles, 27 de mayo de 2015

Dos hombres de Derechas y la Segunda República (XII)

Fin del Primer Gobierno radical-cedista


Aunque para el 19 de octubre de 1934 la revolución de Asturias había sido aplastada, aquel alzamiento y el del President Companys siguieron monopolizando la acción política del gobierno radical cedista de Lerroux constituido el 4 de octubre. Había que juzgar a los responsables y ver qué se hacía con Cataluña cuyo gobierno autonómico se encontraba ahora a la espera de un procesamiento criminal.
El Estatuto Catalán había sido aprobado en el congreso por amplia mayoría en 1932, gracias fundamentalmente al apoyo que le brindó a Azaña quien lo defendió en un discurso de más de tres horas. Su derogación en 1935 parecía imposible, ya que Alcalá Zamora, temeroso de encender los ánimos de los catalanes, los federales y de las izquierdas en general, había anunciado que vetaría la ley que lo derogara. Así las cosas, lo más lógico hubiese sido permitir al Parlament elegir a un nuevo Govern. Propuesta a la que no era plenamente contrario Lerroux.

El President Companys.

Sin embargo, Gil Robles, que, pese a definir su partido como de “orientación regionalista”, era acérrimo defensor del Estado unitario, vio aquí una posibilidad de acabar con la autonomía catalana, de modo que forzó a Lerroux a suspender de forma indefinida el Estatut. Con él se suspendieron la Generalitat y el Parlament hasta 1936, cuando, de nuevo con Azaña en la jefatura de gobierno, se los restauraría levantando la suspensión.
No sólo en ERC, sino entre las izquierdas y los federales causó malestar semejante componenda. También muchas fuerzas de derechas, como el partido republicano conservador de Antonio Goicoechea y sobre todo la Lliga Regionalista de Cambó la criticaron. Goicoechea llegó a calificar la medida de Gil Robles de “azote de verdugo” a Cataluña.

Francesc Cambó, líder de la Lliga partido regionalista catalán de centro derecha.

No hay que olvidar que desde el 27 de marzo de aquel año, la pena de muerte estaba restablecida en España fuera de la ley militar. Esto hacía que muchos de los acusados por los sucesos de Asturias y Cataluña pudiesen afrontar la pena capital, escenario que hubiese provocado graves disturbios por todo el país. Alcalá Zamora se mostró partidario de conmutar aquellas penas mediante indulto aprobado por el Consejo de Ministros. Lerroux tampoco veía en las ejecuciones nada positivo, pero ante la amenaza de Gil Robles de romper el gobierno, decidió no ponerles trabas inicialmente.
El sometimiento del partido radical al chantaje de la CEDA en la cuestión catalana y asturiana para evitar la caída del gobierno causó un hondo malestar en muchos de sus propios miembros. Finalmente el 16 de noviembre, Gil Robles provocó una crisis parcial para limpiar el gabinete de críticos.

Cuadro de Alcalá Zamora.

Los radicales Ricardo Samper y Diego Hidalgo, titulares de Estado y Guerra, así como el liberal demócrata Villalobos, ministro de Instrucción Pública, dejaron sus carteras. Rocha, hasta el momento ministro de marina pasó a ocupar la cartera de Estado. La suya quedó en manos del radical Abad Conde. Lerroux simultaneó la presidencia con el ministerio de la guerra. El nuevo titular de Instrucción Pública fue el también liberal demócrata Joaquín Dualde.
Finalmente el dos de enero quedó aprobada la ley que suspendía el Estatuto. Su articulado dejaba competencias de la Generalitat en manos de un gobernador general. Aquí fue donde Gil Robles hizo su jugada: para evitar el prometido veto presidencial, le ofreció al jefe del Estado la posibilidad de elegir él al gobernador y apoyar su nombramiento. Seducido por esta oferta, Alcalá Zamora olvidó de repente sus reticencias a clausurar la autonomía. Su propuesta recayó en un centro-derechista muy próximo a él en lo político y en lo personal, el gallego Manuel Portela Valladares, que había sido diputado independiente en las Cortes Constituyentes en 1931, y cuyo nombre no debemos olvidar. El 10 de enero el gobierno publicaba su nombramiento en la Gaceta.

Gil Robles, líder de la CEDA.

¿Qué pasó con el govern de Comanys? Pues el President y sus consellers quedaron retenidos en un buque de la armada fondeado en el puerto de Barcelona. No recibieron un mal trato. De hecho se les permitió recibir visitas con bastante frecuencia y hasta se vivió una escena cómica cuando un conseller fue visitado simultáneamente por su mujer y por su amante.
No obstante, hubo un preso en aquel barco que nada tuvo que ver con el alzamiento de octubre: Manuel Azaña. El ex presidente del gobierno se encontraba en Barcelona cuando ocurrió todo. Lerroux y Gil Robles vieron ahí una posibilidad para desacreditar a al mandatario involucrándolo en un golpe del que nunca tomó parte, para presentarlo ante los españoles como enemigo del país. El Presidente de la República se avino también a la sucia maniobra.

Alejandro Lerroux, líder del Partido Radical.

El tiro les salió por la culata. El 28 de diciembre, ante la bochornosa falta de pruebas, el Tribunal Supremo dictó sobreseimiento de la causa y constató la ilegalidad del arresto. En su condición de diputado, Azaña no podía ser detenido ni juzgado, sin conceder la cámara el suplicatorio - salvo ser sorprendido cometiendo delito flagrante.
Pero el daño personal ya estaba hecho. El hermano del ex presidente que lleva años arrastrando una larga enfermedad entró en agonía pocas semanas después de su arresto. Trató de ir a Barcelona para que pudieran despedirse, pero falleció en Zaragoza camino de la ciudad condal. Pese a sus peticiones porque le dejaran encontrarse con su hermano, aunque fuese como arrestado, no se permitió a Azaña salir del buque.

Manuel Azaña.

A lo largo de la historia, los españoles no nos hemos distinguido por nuestra reflexividad, nivel cultural o sagacidad, pero sí por ser un pueblo sensible a las injusticias. Este bochornoso atropello hirió la sensibilidad social de la época y resucitó a Azaña como figura política. Sin embargo, según dijeron su mujer y su cuñado, como hombre hubo un Manuel Azaña antes y otro después de su arresto en Barcelona.
Los primeros días de enero, Alcalá Zamora convocó tres consejos de ministros en Palacio presididos por él, en los que dejó clara su posición a favor de indultar a los múltiples condenados a muerte, entre otros González Peña, apodado el generalísimo de los revolucionarios asturianos. Llegó a amenazar con dimitir de la Presidencia si no se aprobaban los indultos. Al final Lerroux terminó por ceder y el consejo de ministros aprobó los indultos. Pero desde entonces la crisis con la CEDA se hizo inevitable.

Portada del diario Región con González Peña.

Las páginas de las memorias de Gil Robles referidas a estos sucesos incitan a la risa. Trata de presentar al lector como coherente su apoyo a la amnistía de la que se beneficiaron el general Sanjurjo y sus cómplices un año antes y su oposición a la amnistía de los sublevados de octubre. Para él, la razón es sencilla: los revolucionarios del 34 ponían en peligro la identidad de España. Hay que entender que no veía tal riesgo en los golpistas del 32.
Frustrado un intento de reforma del Tribunal Supremo que la CEDA quería hacer más dependiente de las Cortes, la coalición entre cedistas y radicales se rompió. El 29 de marzo, tras un consejo de ministros de cuatro horas se indultó a González Peña, los ministros cedistas, Aizpún, Giménez Fernández y Anguera de Sojo anunciaron su salida del gobierno. El momento estaba estratégicamente calculado. Rota la coalición parlamentaria, no quedó otro remedio a Lerroux que dimitir.
Ese mismo día Alcalá Zamora abrió consultas. Desde el primer momento le encargó a líder radical intentar negociar un nuevo gabinete.

Portela Valladares, político allegado a Alcalá Zamora, asumió el cargo de gobernador general de Cataluña.

El día 31, Lerroux visitó a Gil Robles en el domicilio particular del líder cedista, quien hipoteco el apoyo de su partido al líder radical a la entrada de más de sus correligionarios en el gobierno. En palacio, Alcalá Zamora rechazó drásticamente esta posibilidad, de modo que Lerroux renunció al encargo.
En aquellas consultas, las primeras de 1935, fiel a su histriónico estilo, el Presidente de la República llamó a todos los llamables a la cámara presidencial. Azaña excusó su asistencia en una carta cargada del más negro sarcasmo, que remitió al Secretario General de la Presidencia, para que, escribió, el jefe del Estado no recibiera “los consejos de un presunto delincuente”.


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